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Además del presidente de la Diputación, han sido arrestados el asesor Manuel Reguart, el jefe de gabinete, Ricard Gallego, el secretario-letrado asesor del Consejo de Administración de Divalterra, Jorge Cuerda, y los dos directores gerentes de esta empresa pública, Xavier Simó y Agustina Brines.
Está previsto que Rodríguez, sus dos asesores y el secretario-letrado asesor pasen el viernes a disposición del Juzgado instructor.
Esta 'Operación Alquería' ha supuesto que el despacho del presidente haya sido precintado y también se estaría investigando dentro de las dependencias del departamento de informática.
El Juzgado de Instrucción número 9 de València es el coordinador de la operación por una causa que se abrió por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en mayo 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de València. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, antigua Imelsa, en 2015.
Las diligencias son secretas
En el marco de la llamada “operación Alquería”, agentes de la UDEF han practicado registros tanto en la Diputación de València como en la empresa pública Divalterra y el Ayuntamiento de Ontinyent, del que es alcalde Jorge Rodríguez. El magistrado instructor ha autorizado también la entrada y registro en varias viviendas particulares: la del presidente de la Diputación y las de otros investigados.
En el dispositivo, que se ha activado a las 07.30 de la mañana con registros simultáneos en las distintas sedes y viviendas, han participado, además de los agentes de la UDEF central desplazados desde Madrid, efectivos de la Unidad Central de Ciberdelincuencia y de la Jefatura Superior de Valencia.
La investigación sigue abierta y se espera que los detenidos pasen esta noche en los calabozos de la comisaría de Zapadores en la ciudad de València.
Denuncias del PP y Ciudadanos en el origen de la investigación
La investigación tendría su origen en una primera denuncia interpuesta por el PP el 29 de diciembre de 2016 ante la Fiscalía Anticorrupción, denuncia que fue admitida a trámite el 2 de enero de 2017 y archivada el 4 de enero. Posteriormente, tras este archivo, la misma denuncia se presentó por parte de la Fiscalía Anticorrupción en el juzgado.
El pasado mes de abril fue Ciudadanos el grupo que aportó una nueva denuncia sobre las contrataciones de altos directivos en Divalterra, que la Fiscalía añadió a las diligencias que ya venía desarrollando.
