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VICTORIA, GLORIA A TI
José Miguel Ramírez y Pedro Duarte son miembros de Palio de Plata, un portal sobre información cofrade que cubre todos los actos que se celebran en honor a la Patrona de la Diócesis de Málaga, la Virgen de la Victoria, y lo contaron en el podcast VICTORIA, GLORIA A TI, guiado por Antonio Márquez y Encarni Llamas. Aquí puedes escucharlo.
Manfredo Monforte Moreno. General de División (Ret.). Dr. Ingeniero de Armamento. Artillero. Academia de Artes y Ciencias Militares
“Robles (ministra de Defensa) alerta de que la industria militar europea está ganando la batalla a la española”, a lo que añade: “tenemos mucha capacidad, iniciativa de hacer cosas, pero mucha competencia internacional… la industria española es muy pequeña y eso hace que en ocasiones sea menos competitiva” (Europapress, 21 de octubre de 2022). Un diagnóstico válido para los últimos cinco siglos de la pendular historia industrial militar nacional.
La industria militar española equipa a los ejércitos desde que Alonso de Quintanilla gestionase el reclutamiento y aprovisionamiento de las Hermandades de Castilla para la conquista de Granada. A partir de ese momento (1492), los Reyes Católicos mantienen un ejército permanente, razón última por la que aparece una industria artesanal, privada y gremial que le proporciona armas y equipos.
Dos siglos antes, la pólvora negra había llegado a Europa para revolucionar el arte de la guerra. Único propulsor y explosivo durante casi seis siglos, alrededor de ella, y sin abandonar la fabricación de armas blancas y otros ingenios, aparece la necesidad de fabricar ingenios capaces de lanzar proyectiles a partir de la energía química de la pólvora, lo que da lugar a la aparición de numerosas instalaciones privadas de armamento ligero y pesado, sus municiones y su pólvora.
Durante el Siglo XVI y a medida que se estanca el combate terrestre, el esfuerzo bélico se orienta a incrementar la fuerza naval. Con la llegada de los Borbones a España a principios del Siglo XVIII, se regula la actividad industrial militar y la Corona asume su explotación para lo cual confía la tarea al Cuerpo de Artillería. Con el fin de satisfacer las necesidades del Ejército y mantener la Carrera de Indias se crean las Reales Fábricas, que a finales del XVIII se reordenan y alejan de la frontera francesa tras la revolución de 1789. Los problemas económicos y otras circunstancias obligan a importar armamento para abastecer a las unidades durante las Guerras Carlistas del XIX, mostrando claramente las carencias de una industria en continua decadencia y sin pulso. Este hecho, conocido por militares y gobernantes, ha tratado de corregirse en repetidas ocasiones con resultados muy dispares.
La industria militar trató de reorganizarse por enésima vez durante la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente durante la II República, pero los continuos cambios de gobierno y la Guerra Civil truncaron cualquier iniciativa. Tras la contienda, la fabricación quedó en manos del Estado o con una fuerte intervención de éste. Así, la creación del Instituto Nacional de Industria y de la Empresa Nacional Santa Bárbara protagonizan décadas de centralización y control de unas capacidades poco competitivas y, en algunos casos, ruinosas. En paralelo, comenzaron a nacer algunas industrias de capital privado (Barreiros, Manufacturas Metálicas Madrileñas, Instalaza, Ceselsa, Fecsa, Iturri…) que poco a poco fueron equipando al Ejército de materiales muy dispares, desde lanzagranadas a uniformes, material de campaña y otros aperos.
Con la llegada de la democracia se inicia una reconversión industrial inevitable; en el sector de defensa se comienza a considerar la cuenta de resultados de las empresas públicas, reconociendo que sanearlas precisaba de nuevos productos –innovación– y el acceso al mercado exterior. El déficit del sector público es el detonante de la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara a favor de la multinacional americana General Dynamics. A dicha privatización siguieron los intentos de reconversión de algunas factorías para terminar cerrando unas y vendiendo otras.
Al igual que la Armada cuenta con un proveedor principal, Navantia, de capital público, y el Ejército del Aire dispone de Airbus como suministrador de referencia, el Ejército de Tierra no cuenta con un “campeón nacional” capaz de satisfacer el grueso de sus necesidades. De hecho, las compras del Ejército están atomizadas y se reparten entre la industria nacional y el mercado internacional, donde se trata de adquirir materiales que se han dejado de producir en España, como es el caso de fusiles, pistolas, cohetes, misiles, etc.
Aunque en conjunto la industria militar española es netamente exportadora, no ocurre lo mismo con el material terrestre, pues para resultar competitivo en el mercado exterior hay que mantener un cierto volumen de producción que, en los países de nuestro entorno, se apoya en la demanda interna. Una industria que cuenta con una baja demanda basada en un presupuesto anoréxico, que recibe pedidos de forma discontinua –por programas– y carece de una planificación estratégica por parte de su cliente interno, es incapaz de mantener un cierto ritmo de producción y justificar nuevas inversiones en inmovilizado –un ejemplo es el taller de cañones de Trubia, que no recibe pedidos desde hace más de una década– y está condenada a sobrevivir en la incertidumbre. A esto hay que sumar la cesión de ciertas capacidades a multinacionales cuyos objetivos no tienen necesariamente que coincidir con las necesidades estratégicas del Ejército Español.
El bajo presupuesto dedicado a la defensa, mantenido alrededor del 1 % del Producto Interior Bruto nacional durante décadas, junto con la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la carga salarial que ello implica, ha ido poniendo de manifiesto las carencias del equipamiento militar por mera obsolescencia y la imposibilidad física de atender al mantenimiento de los materiales. El propio JEMAD ha manifestado que se dispone de unidades que no se pueden desplegar por obsolescencia (Comparecencia del jefe de Estado Mayor de la Defensa en la Comisión de Defensa para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Madrid, 28 de octubre de 2021).
Afortunadamente, los empresarios del sector han entendido que el mercado nacional es demasiado pequeño para sostener las grandes capacidades que un sector tan especializado como el militar precisa, y se han visto empujados al mercado exterior. De hecho, algunas fábricas dedican hasta el 95 % de su producción a la exportación.
Para entender la situación actual del sector, son de suma importancia otros dos factores: por una parte, la inversión estatal en I+D+i, que es netamente inferior a la que dedican los países de nuestro entorno. De hecho, España dedica a esta partida en torno al 1,15% de su PIB, mientras nuestros competidores invierten entre un 2,5 y un 4 % de su riqueza anual, lo que lastra nuestra capacidad innovadora relativa; basta echar un vistazo al número de patentes españolas frente a las de otros países, con un saldo desfavorable de 1 a 100 o más si nos comparamos con Suecia, Israel o Corea del Sur.
Por otra parte, nos encontramos con una Ley de Contratos del Sector Público que muestra serias carencias para su aplicación en el sector de la Defensa al no contemplar que la mayor parte de los suministros requieren experiencia, solvencia técnica y capacidades singulares que poco tienen que ver con el precio de los servicios o productos contratados. Así, con la aplicación rigurosa de la Ley, se adquieren materiales en el extranjero por presentar un precio ligeramente inferior, sin tener en cuenta el daño que se produce a la industria nacional (a igualdad de calidad y producto) y las condiciones del suministro. No se considera, por ejemplo, el volumen de impuestos que pagan las empresas nacionales frente a las extranjeras, y que, globalmente, resultarían más beneficiosas para el Estado.
Y aún podemos considerar una tercera circunstancia: la reglamentación en materia de armamento y explosivos supone una barrera de entrada a nuevas empresas e impone condiciones mucho más restrictivas que las de nuestros competidores extranjeros, repercutiendo en una falta de competitividad comparada.
Por otra parte, la concentración de las grandes adquisiciones en un solo órgano de la Administración que no cuenta con suficiente personal cualificado dificulta en gran medida la gestión de las adquisiciones y posterga la planificación y aplicación de una política industrial avanzada y valiente que no contemplar el ciclo de vida de los sistemas como un todo. A pesar de ello, la iniciativa privada y la consultoría pública (Isdefe) va subsanando las carencias del sistema.
La industria española del sector se apoya en dos asociaciones empresariales muy activas y valoradas, AESMIDE y TEDAE. Además, existen algunos esfuerzos puntuales mediante la creación de clústers orientados al desarrollo de algunos programas: tal es el caso de Tess Defense, nacida para la gestión del 8×8 Dragón o de SMS para el desarrollo de misiles.
Dos oportunidades se asoman al horizonte de 2023: el incremento del presupuesto dedicado a Defensa anunciado por el Gobierno tras la cumbre de la OTAN en Madrid y la participación en los grandes proyectos europeos. Lo primero puede empezar a subsanar las insuficiencias manifestadas por los mandos de las Fuerzas Armadas, aunque se tardarán años en ponernos al día en cuanto a materiales modernos; la segunda puede incrementar la competitividad de nuestra industria y la apertura de nuevos y atractivos mercados plurinacionales.
En definitiva, la industria militar española constituye un ecosistema caracterizado por una gran estabilidad laboral, buenas condiciones retributivas y una alta cualificación de su masa laboral. Sin duda, un activo que España debe potenciar y aprovechar. Ojalá que, en un futuro próximo, el Ejército de Tierra pueda contar con los proveedores de referencia que necesita. Tal vez, el modelo industrial israelí puede ser un buen ejemplo.
La venganza del Gobierno contra el insituto armado —al que no ha dejado de restarle presencia y operatividad en toda España, además de forzar un relevo de su cúpula— va dirigida contra los jubilados más vulnerables del cuerpo: los que necesitan de asistencia en geriátricos y de ayudas por dependencia: los fondos para esta partida no sólo no se adaptan al IPREM, sino que se sitúan ya un 39,64% por debajo de la dotación presupuestada —y ya escasa— para la Policía Nacional. Y la Guardia Civil tiene más efectivos que la Policía.
Y es que la sensación de los representantes de la Guardia Civil tras las negociaciones con el Gobierno es muy mala. Las conversaciones se mantuvieron el pasado 20 de octubre, en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, el grupo de trabajo sobre el PLAN DE ACCION SOCIAL PARA EL AÑO 2023 supervisó todo. La racanería del Gobierno ni siquiera fue disimulada: admitieron abiertamente ante los enviados de JUCIL que la partida no era suficiente. Y eso no cambió en nada la decisión presupuestaria. "Por parte de la administración se nos comunicó que el presupuesto para el próximo año 2023 asciende a 8.003.780€, reconociendo la Administración que es insuficiente, pero que actualmente es el dinero que ha sido asignado", señalan las fuentes de JUCIL. "También nos comunicaron que en el siguiente borrador que sea remitido se actualizarán los tramos de referencia, una vez añadido el 1,5% de la última subida retributiva". Pero nada más.
Desde JUCIL trasladaron de inmediato al Gobierno la "disconformidad al amparo de lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública de 28 de julio de 2011, el cual alude expresamente al principio de igualdad, incluyendo esa equidad entre los diferentes planes sectoriales". Efectivamente, la legislación señala expresamente que "los gastos de acción social y la productividad se determinaran en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos", añaden. Por eso los representantes de la Guardia Civil dejaron "constancia de que la diferencia actual en relación al Plan de Acción social del Cuerpo Nacional de Policía es de 3.172.950€, lo cual representa una diferencia del 39,64 %", apuntan desde JUCIL. Y que, por lo tanto, no se están respetando las pautas legales.
Pero la observación no sirvió para conseguir que los enviados de Pedro Sánchez alteraran la cifra destinados a geriátricos y asistencia por dependencia de la Guardia Civil. En ese momento, la asociación de la Guardia Civil, realizó otra petición: "En relación a la ayuda de 29.040 incluida en este borrador y destinada íntegramente al gimnasio existente en la Dirección General se pide que se suprima y se destine ese dinero a otras ayudas contenidas en el mismo, y máxime cuando desde la misma Dirección General y en base al futuro Plan Integral de Promoción del Deporte en la Guardia Civil se está estudiando la posibilidad de dotar de material deportivo a aquellas unidades que lo soliciten por tener espacio para ello, estando dicha asignación sujeta a dotación presupuestaria para el citado plan". Pero la respuesta del Gobierno no cambió. También fue negativa: "Comunica la Administración que el gimnasio de la Dirección General está sometido a un convenio que actualmente está en vigor y que de momento no se puede suprimir". Gimnasio en la Dirección General, sí. Más ayuda para geriátricos y dependencia, no.
VICTORIA, GLORIA A TI
Francisco Ruiz Guillot, delegado de Infancia y Juventud de la diócesis de Málaga y coordinador de los capellanes de los Colegios Diocesanos de la Fundación Diocesana de Enseñanza explica la relación de los Colegios Diocesanos de la Fundación Diocesana de Enseñanza con la Virgen de la Victoria, a la que tienen como titular. Aquí pueden escuchar el podcast guiado por los periodistas Antonio Márquez y Encarni Llamas.
CURRICULUM:
Especialista en economía y tecnología de la defensa, ha participado y dirigido diferentes proyectos de investigación relacionados con la materia, entre los que cabe destacar “La Defensa y la Seguridad Nacional como factor de desarrollo económico-tecnológico: el caso español y la PESD” concedido por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.
Es profesor de asignaturas específicas en Másteres Universitarios (“El sector empresarial de defensa y seguridad como alternativa eficiente al Sector Público”; “Innovación y tecnología en los procesos de mercado”; “Presupuestos y gastos públicos”).
En su campo de especialización, ha dirigido varias tesis doctorales dedicadas a las relaciones existentes entre economía, tecnología y defensa: “Administración pública de los recursos humanos de defensa en Uruguay”, con mención de doctorado europeo; “Análisis de la eficiencia del gasto en Defensa: el presupuesto de Defensa en España 1946-2008”; “La sostenibilidad de la industria aeroespacial en Europa: Aplicación específica a los casos francés y español”; “La eficiencia dinámica de las agencias privadas de suministros de servicios en los mercados de defensa y seguridad desde la perspectiva de la escuela austriaca”.
Sus estudios han dado lugar a la realización de publicaciones nacionales e internacionales, la organización de cursos y seminarios, y la participación en congresos, ciclos de conferencias, debates y jornadas
PONENCIA:
La guerra de Ucrania está sirviendo como escaparate para mostrar un conjunto de realidades contrastables en cuanto a cómo y de qué manera se gestan y evolucionan las circunstancias y condicionantes que coadyuvan a los grandes conflictos geopolíticos y militares. Por primera vez, tras el final de la Guerra Fría, los principales bloques geopolíticos y geoeconómicos en competencia por la hegemonía de la gobernanza mundial se han visto arrastrados a un escenario diplomático y militar que presenta, por un lado, la posibilidad concreta de llegar a generar escenarios de destrucción mutua y, por el otro, un complejo contexto de necesidades sociales y económicas que atender tras los terribles efectos de la pandemia del COVID‑19.
El conflicto ucraniano ha dejado en evidencia la existencia de un problemático conjunto de escenarios y dinámicas que afectan a diferentes fenómenos y procesos geopolíticos, sociales, económicos, tecnológicos, militares, energéticos y logísticos. Este complejo ecosistema interdependiente, estratégicamente catalizado por la guerra, ha obligado más que nunca desde la caída del muro de Berlín a los gobiernos occidentales y a sus estructuras militares, a tener que alinear sus capacidades geoestratégicas y de defensa a corto plazo junto al resto de necesidades económicas y productivas. En particular, a las derivadas de la garantía del suministro de otros bienes y servicios públicos, percibidos como absolutamente necesarios en nuestras sociedades desarrollas modernas y, todo ello, con unos niveles de exigencia en las actuaciones de gobernanza como no se había experimentado a nivel mundial desde hacía décadas.
En tales circunstancias, tanto en España como en el resto de los países que conforman la Unión Europea, junto a los miembros la Alianza Atlántica, se han tomado una serie de decisiones estratégicas, en particular en la última cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, acompañadas de un conjunto de medidas que implicaban asignar unos niveles de recursos presupuestarios en materia de Defensa Nacional por encima de los habitualmente destinados al sector. Así pues, en el caso de las inversiones dedicadas a innovación y tecnología de la defensa, hay dos partidas presupuestarias de aplicación que se han visto particularmente beneficiadas. Nos referimos al Programa 122.B Programas especiales de modernización, incluido en Área de Gasto 1 de Servicios Públicos Básicos; y al programa 464.A. de Investigación y estudio de las fuerzas armadas, encuadrado en el grupo de programas 4.6 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN del Área de gasto 4 – Actuaciones de carácter económico.
Por lo que se refiere a los Programas Especiales de Modernización, éstos son el resultado de la cooperación entre los Ministerios de Defensa y de Industria, Comercio y Turismo. Tienen como objetivos el dotar de los mejores sistemas de armamento y tecnologías para el combate a nuestras Fuerzas Armadas en el campo de batalla, así como explotar las sinergias derivadas de sus desarrollos tecnológicos para la potenciación e impulso al crecimiento del tejido económico y productivo nacional en su conjunto. A tal fin, la partida presupuestaria asignada este año en los Presupuestos Generales del Estado alcanza la cifra de 4.901,71 millones de euros frente a la prevista el año anterior, que fue de 2.848 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 72,11 %. Es innegable que este aumento representa una subida sustancial con relación a las asignaciones de ciclos presupuestarios anteriores.
En cuanto al programa 464.A. de Investigación y estudio de las fuerzas armadas, y en particular la partida de inversiones correspondiente a su Objetivo 2: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), asciende este año a la cifra de 196,02 millones de euros. Esta partida incluye todas aquellas acciones e inversiones dirigidas a la investigación para su aplicación en el diseño y desarrollo de nuevos prototipos de sistemas de armamento. En su confección se presta una especial atención a aquellos proyectos e iniciativas que, por su carácter dual, favorecen las sinergias y externalidades positivas en los sectores civiles de alta y media tecnología de nuestra industria nacional. Además, el conjunto de actuaciones que abarcan sus proyectos está enmarcado en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2020 (ETID). Para entender la importancia y el verdadero alcance de invertir en este programa, también hay que indicar que la actividad del INTA abarca más de 350 proyectos relacionados con la I+D, que están a su vez asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a las políticas de la Unión Europea destinadas a la reducción de la contaminación del medioambiente, así como a impulsar la cooperación y coordinación con universidades y empresas.
Ahora bien, la pregunta que deberíamos plantearnos es, si un aumento tan significativo de las inversiones en estos programas, algunos de cuyos objetivos son los de aumentar la capacidad operativa, la resiliencia y la efectividad de nuestra Defensa Nacional, recordemos que estamos hablando de una cifra que supera los 5.000 millones de euros, está realmente o no justificada. La respuesta es sin duda alguna que sí. La realidad de los hechos lo avala, tanto por lo que se refiere a las necesidades reales de seguridad, el escaparate de la guerra de Ucrania es su mejor demostración práctica, junto a la necesidad de potenciar nuestro tejido tecnológico e innovador en cuanto principal fuente de impulso a la productividad, lo que representa uno de los factores determinantes del crecimiento económico, condición sine qua non para sostener y mejorar el estado del bienestar de nuestras sociedades.
Sin embargo, no debemos olvidar que uno de los principales argumentos de controversia en lo referente a invertir en políticas de Defensa y Seguridad Nacional frente a otras políticas sociales, ha sido históricamente el derivado de la componente ideológica que determina el proceso de la toma de decisiones en materia de gasto público. El principal problema reside en ofrecer respuestas por parte de los gobiernos lo más satisfactorias posibles a las demandas del conjunto de la sociedad, sobre si es mejor gastar en cañones o en mantequilla y en qué proporción hacerlo. Para ello debemos tener en cuenta lo que la ciudadanía entiende y percibe como necesidades más o menos inmediatas y apremiantes.
Este nivel de percepción y su intensidad van de la mano de otro importante concepto económico, el de coste de oportunidad. Este representa el verdadero coste de nuestras decisiones en cada proceso de elección al que nos vemos continuamente sometidos, ya sea a nivel individual o colectivo. Representa ni más ni menos que la idea, de a qué estamos dispuestos a renunciar en términos de otras posibles elecciones, para conseguir satisfacer nuestros deseos y necesidades en un momento determinado. Resulta evidente que el sentido de inmediatez que rige el deseo y la necesidad de cubrir las carencias percibidas por los ciudadanos juega un papel instrumental fundamental a la hora de preferir gastar en servicios públicos básicos como la Defensa o la Política Exterior, frente a otras políticas como puedan ser los servicios y la promoción social, las ayudas al desempleo, el acceso a la vivienda o la producción de bienes públicos de carácter preferente como sanidad, educación y cultura.
Sin embargo, la disyuntiva de tener que elegir entre posibles alternativas de gasto e inversión, no es tan sencilla a la hora de tomar decisiones como podría parecer. Independientemente del condicionante ideológico y del contexto político que pueda enmascarar la verdadera importancia y necesidad de gastar en un tipo de políticas frente a otras, existe una realidad que exige distinguir claramente lo que son necesidades estructurales, para mantener y defender nuestro modelo democrático de convivencia en forma pacífica, de otras que, por tener un carácter más coyuntural, no dejan también de ser importantes a los ojos de los ciudadanos. En este sentido la Defensa representa un factor sistémico sobre el que se sustenta nuestro modelo constitucional y de libertades.
Por lo tanto, se puede asegurar que el gasto en Defensa y Seguridad Nacional es importante por su propia naturaleza sistémica y dentro del mismo, las inversiones en tecnologías de defensa también lo son y por partida doble ya que revisten un interés particular al aportar una doble componente positiva con relación a otros tipos de gasto de inversión. En primer lugar, la ventaja tecnológica que es uno de los factores determinantes para conseguir la superioridad en el combate. Esta es una realidad históricamente contrastada y que, por si cabía alguna duda, se ha vuelto a confirmar en la guerra de Ucrania. En segundo lugar, el gasto en inversión en defensa contribuye al impulso de un tejido productivo y empresarial cada vez más potente y avanzado. La dualidad que presentan la mayor parte de las tecnologías de carácter militar las convierte, desde el punto de vista de la mejora de la productividad y del crecimiento económico, en una parte estructural sobre la que se sustenta el modelo productivo capaz de garantizar la resiliencia y el bienestar social y económico.
Es por todo ello, que finalmente podemos concluir que la Defensa Nacional vale porque sirve y la tecnología de defensa sirve porque vale. Demos, por lo tanto, la bienvenida al aumento del gasto real en inversión en unos programas tecnológicos e innovadores tan necesarios e indispensables para mejorar nuestras capacidades militares, y a la vez coadyuvantes del desarrollo y potenciación de nuestro tejido económico, productivo y empresarial nacional.
La principal rama de las Fuerzas Armadas se encuentra que no cubre las plazas de oficiales debido al insuficiente número de aprobados.
El Ejército de Tierra alerta en su ‘Plan General de Enseñanza 2023’, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, del «fracaso académico docente» que se está produciendo en los últimos años en el Centro Universitario de la Defensa (CUD), con sede en Zaragoza y adscrito a la Academia General Militar ubicada en la capital de Aragón.
El informe, de 32 páginas y fechado en julio de este año, expone un panorama preocupante para la enseñanza militar en algunas áreas ante el «impacto significativo» que tendrán los efectos de la guerra en Ucrania y la coyuntura económica en las prioridades del Ejército de Tierra.
«La coyuntura económica, agravada por la situación de Ucrania, hace prever un importante índice de inflación, con un elevado impacto en los precios de los hidrocarburos o determinadas materias primas. Esta tendencia, podrá tener igualmente implicaciones en los Planes Generales del Ejército de Tierra y afectar a las actividades previstas en ellos», se avisa en el citado informe firmado por el entonces segundo jefe del Estado Mayor, el teniente general Carlos Palacios, quien acaba de ser relevado por Alejandro Gonzalo Escámez al pasar a la reserva.
La situación derivada del conflicto de Ucrania podría suponer «importantes observaciones y lecciones identificadas con repercusión en la enseñanza militar», añade el Ejército de Tierra de forma genérica, «que deberán observarse y analizarse con detenimiento», si bien esto último solo tendrá «trascendencia» en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) «de 2024 y sucesivos».
También se aborda el impacto de la pandemia del coronavirus en la enseñanza militar -«La situación ha obligado a un gran esfuerzo de adaptación, recurriéndose en gran medida en los medios virtuales de aprendizaje»- y al llamado proceso de transformación digital con el que se quiere formar «a personal implicado en la gestión por procesos y la gobernanza del dato», aunque en un escenario «de austeridad».
El informe se detiene, en especial, en la situación de la Academia General Militar, donde se puede salir con el empleo de teniente y una carrera de ingeniería debajo del brazo. El problema es que en los últimos años se han producido «fluctuaciones» en el número de aprobados que hacen «muy difícil prever la reposición de efectivos dentro del planeamiento de personal del Ejército de Tierra». Eso significa que hay dificultades para cubrir plazas de oficiales en diferentes unidades.
«Los resultados académicos determinaron una cifra de egresados inferior en un 22% a las necesidades de oficiales del Ejército de Tierra, pese a los esfuerzos realizados en los últimos años. Esta cifra es desproporcionada en relación a otros CUD (Armada y Ejército del Aire)», se hace hincapié en la página 6.
El alto mando estima, por tanto, que es necesario realizar «cambios inmediatos en la docencia» de su CUD «para asegurar un nivel adecuado a las necesidades del Ejército de Tierra» y el «prestigio» de su centro docente. En concreto, se proponen una serie de medidas que van desde la mejora del sistema docente y del proceso de evaluación, a una mejor coordinación entre la Academia Militar y su centro de enseñanza, y una «distribución adecuada de la carga lectiva», lo que sugiere cambios en la forma de impartir la enseñanza de las ingenierías.
Asimismo, se anuncia que Tierra está estudiando «el desarrollo curricular de un nuevo título de grado universitario» en dicho centro docente «que se adapte a las competencias necesarias para el oficial del Ejército de Tierra y que sea un modelo de éxito docente y académico». Este nuevo grado se podría implantar en 2023 o, en su defecto, «haber alcanzado el hito de la aprobación de la entidad de evaluación de la calidad en esta anualidad».
El ‘Plan General de Enseñanza 2023’ también aborda las «carencias» de personal docente que se cubren con comisiones de servicio y que suponen «un elevado coste en indemnizaciones» al provocar un «impacto negativo» en las unidades y los centros de procedencia. Además, se subraya que recurrir a esta práctica supone «una solución no del todo satisfactoria» ante la falta de continuidad del personal y, en muchos casos, por «su escasa experiencia y su carencia de cualificación pedagógica».
Sobre el material docente -armamento y vehículos-, Tierra constata que constituye una «vulnerabilidad», sobre todo para la enseñanza en formación. Una situación que solo se logra minimizar «con las colaboraciones y apoyos de unidades, centros y organismos». Respecto a las infraestructuras, se hace hincapié en la obligación de «acometer una serie de mejoras de infraestructuras y equipamientos» si se quiere cumplir con los requerimientos asumidos.
El Ejército señala, a continuación, una serie de criterios sobre las prioridades de enseñanza. Por ejemplo, es más importante darla «en territorio nacional» antes que volcarse en enviar oficiales al extranjero. También se prioriza la enseñanza de formación sobre la de perfeccionamiento y en esta última, tendrán más valor los cursos de actualización para el ascenso que los de especialización o de carácter informativo.
En cuanto al plan de idiomas, se priorizarán por este orden: inglés, francés, árabe, italiano, portugués y «otros de interés» para la Defensa que no se especifican. «La mejora en el aprendizaje de idiomas, y específicamente del inglés, requiere de un esfuerzo desde la enseñanza de formación, tanto individual como por parte de la institución, entre otras cosas, por su influencia sobre las capacidades operativas de las unidades», se incide en el citado informe.
Tierra admite «la ausencia de una muestra suficientemente representativa de personal con aptitud de idiomas», que se debe a «una falta de capacidad de selección en los cursos de perfeccionamiento y de altos estudios de la defensa nacional con exigencia de determinados niveles». Para corregir este déficit, en 2023 se ha incrementado de 70.000 a 100.000 euros la partida destinada a formación de idiomas dentro de este Ejército «con el propósito de aumentar el fomento de la autoformación del personal».
Sobre los cursos en el extranjero, que se consideran «fundamentales» para las relaciones de Tierra con los países aliados y amigos, el citado plan fija como «prioritarios» los del Estado Mayor que se imparten en EEUU, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal y Marruecos. Asimismo, «y siempre que el escenario económico lo permita», se intentará mantener una presencia de oficiales en los cursos organizados «por países aliados sudamericanos».
VICTORIA, GLORIA A TI
Sergio Bueno, músico y devoto de la Patrona de la Diócesis, acude a la cita con VICTORIA, GLORIA A TO para explicar la relación de la Patrona con la capital de España, la ciudad de Madrid. Aquí puedes escuchar el podcast, guiado por el periodista Antonio Márquez, en los estudios de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación.
Antonio Fonfría
Universidad Complutense de Madrid y Academia de las Ciencias y las Artes Militares.
La industria de defensa es un sector estratégico. Con esta frase se pueden resumir un conjunto amplio de características que, lamentablemente, no todo el espectro político comparte. Sin embargo, un ejemplo puede ayudar a entenderlo. En la guerra de Ucrania este país está recibiendo apoyo de terceros países en términos de material militar lo cual está permitiendo que resista e incluso recupere terreno ante la que se suponía es una potencia militar en el ámbito convencional. ¿Quién fabrica dicho material para Ucrania? No los países, tampoco las fuerzas armadas. Lo fabrican empresas, cuya investigación y su capital humano se encuentran en la frontera tecnológica. En otras palabras, la industria de defensa.
Además, la aplicación de algunas de esas tecnologías al ámbito civil ha generado un importante impulso al crecimiento económico, aspecto éste que generalmente no se cuantifica pero que impacta en nuestro día a día como ciudadanos. Adicionalmente, la disuasión que generan las fuerzas armadas de los países se apoya indefectiblemente en su capacidad tecnológica en términos de sistemas de armas y equipos que aporten el mayor nivel de seguridad posible a un país. Ese es el objetivo último que hay que tener siempre presente.
La UE lleva años intentado que las industrias de defensa de los países miembros colaboren a fin de conseguir varios objetivos: menor fragmentación de la oferta, es decir que se unan fuerzas industriales entre países; desarrollos tecnológicos cooperativos para no duplicar esfuerzos económicos y demandas agregadas de los países para reducir los costes unitarios de producción, fundamentalmente. Con esos fines se han planteado un conjunto de instrumentos como el Fondo Europeo de Defensa –que financia la colaboración empresarial- o la PESCO –Cooperación Estructurada Permanente-, cuyo objetivo es servir de marco para dicha colaboración.
Sin embargo, estos esfuerzos resultan baldíos sin un notable aumento de la financiación de la defensa de los países, extremo este que ya se acordó en 2014 con la OTAN y que se ha venido dilatando en el tiempo por la falta de voluntad política de numerosos países, entre ellos España, lo cual ha hecho perder 8 de los 10 años que nos dábamos para alcanzar el 2% del PIB en gasto en defensa. Sin embargo, la guerra de Ucrania ha cambiado el panorama político, estratégico y militar y ha forzado a los países a adquirir un mayor compromiso con la política de defensa. La disuasión ha entrado en juego de forma notable y su importancia –tal y como destacaran numerosos autores hace ya incluso miles de años, Sun Tzu, particularmente-, empieza a ocupar el lugar que de forma natural le corresponde dentro de las relaciones internacionales.
Suponiendo que tanto las políticas de impulso a la cooperación, como los aumentos presupuestarios fuesen estables, predecibles y adecuados, suponen un reto para la industria de defensa. Por una parte, la industria habrá de responder con mayor prontitud que hasta ahora a las elevadas demandas tecnológicas de las fuerzas armadas. Por otra parte, habrá de impulsar aún más sus esfuerzos innovadores ya que en ellos se encuentra buena parte de la capacidad de disuasión. Todo ello impone un novedoso escenario de prioridades unidas a nuevas necesidades que obligan a las empresas a incrementar su eficiencia. Pero, en este nuevo contexto ¿Qué posición tiene la industria española de defensa? y lo que es más importante ¿Cómo se quiere que sea esta industria dentro de unos años, pongamos 2035?
Con relación a la primera de las cuestiones, España es el cuarto país de la UE en términos de su industria, pero la diferencia con los tres primeros es sustancial, lo cual nos deja en una posición de país intermedio. Ésta no suele ser una posición cómoda salvo que se apueste decididamente y con base en una estrategia clara y de largo plazo por un desarrollo industrial adecuado. En este sentido resulta más necesario que nunca que el famoso triángulo de acero –industria, políticos y militares-, se pongan de acuerdo para impulsar todos ellos en la misma dirección el sector industrial de la defensa. Hay numerosas formas de hacerlo, pero todas pasan por un concepto estratégico y un elevado compromiso, sin los cuales no se puede conseguir más que mantenernos en ese estadio intermedio que no nos beneficia, en el mejor de los casos.
Las grandes empresas europeas pueden ejercer su poder de mercado, capacidad de lobby, utilizar sus recursos financieros, etc. a fin de obtener un elevado volumen de recursos provenientes de los fondos europeos para sus proyectos. Las empresas españolas que, incluso las de mayor tamaño, son menores que las europeas, se encuentran en desventaja. Por tanto, uno de los retos de la estrategia sería cómo utilizar de manera lo más eficiente posible nuestra posición para dar un salto que nos coloque a un nivel similar al de los grandes europeos. La respuesta pasa por enfocarnos en una variable clave: la tecnología.
El liderazgo se obtiene cada vez de manera más intensa apalancados en la capacidad de generación de tecnologías propias. Sin embargo, hay varios problemas que salvar. Por una parte, la importante fragmentación de recursos entre administraciones, lo cual no permite ni alcanzar economías de escala en el uso de los mismos, ni tener líneas prioritarias coherentes en el ámbito tecnológico. En segundo lugar, la falta de financiación pública para la investigación en defensa. Bien es cierto que es un tema tabú, pero la dualidad tecnológica corre en los dos sentidos: de lo civil a lo militar y viceversa. Por último, un dato importante es que, según la IGAE, la diferencia entre el presupuesto dedicado a I+D en España y su ejecución es del 50% de media en los últimos años, lo cual indica que la mitad de los recursos no se utilizan.
Esta situación es poco halagüeña, pero da pistas de por dónde se pueden atajar los problemas. La industria española de defensa posee un importante potencial –también ha de resolver sus propios problemas-, pero no está claro hacia dónde se quiere orientar ese potencial. Mantener el statu quo no parece una solución viable debido a la dinámica de los mercados europeos de defensa. La realización de alianzas entre empresas es una opción que ya se está utilizando y que es potencialmente una línea de impulso a medio y largo plazos. No obstante, saber hacia dónde se han de dirigir los esfuerzos es la base para los desarrollos posteriores, sin ello no podemos participar en numerosos programas de defensa europeos sin obtener los resultados esperados. En el año 2035 la industria española de defensa puede convertirse en un suministrador de inputs para las grandes europeas o en un generador de nuevas tecnologías de alto valor añadido. En cualquier caso, ha de colaborar, pero dependiendo de cómo lo haga el resultado puede ser uno u otro. No cabe duda de que las decisiones políticas, empresariales y estratégicas han de coordinarse para llegar a una estrategia que indique la senda a recorrer. Sin ello todo lo demás sobra. Se puede resumir en pocas palabras: estrategia, objetivos claros y voluntad de las partes.
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