“Robles (ministra de Defensa) alerta de que la industria militar europea está ganando la batalla a la española”, a lo que añade: “tenemos mucha capacidad, iniciativa de hacer cosas, pero mucha competencia internacional… la industria española es muy pequeña y eso hace que en ocasiones sea menos competitiva” (Europapress, 21 de octubre de 2022). Un diagnóstico válido para los últimos cinco siglos de la pendular historia industrial militar nacional.
La industria militar española equipa a los ejércitos desde que Alonso de Quintanilla gestionase el reclutamiento y aprovisionamiento de las Hermandades de Castilla para la conquista de Granada. A partir de ese momento (1492), los Reyes Católicos mantienen un ejército permanente, razón última por la que aparece una industria artesanal, privada y gremial que le proporciona armas y equipos.
Dos siglos antes, la pólvora negra había llegado a Europa para revolucionar el arte de la guerra. Único propulsor y explosivo durante casi seis siglos, alrededor de ella, y sin abandonar la fabricación de armas blancas y otros ingenios, aparece la necesidad de fabricar ingenios capaces de lanzar proyectiles a partir de la energía química de la pólvora, lo que da lugar a la aparición de numerosas instalaciones privadas de armamento ligero y pesado, sus municiones y su pólvora.
Durante el Siglo XVI y a medida que se estanca el combate terrestre, el esfuerzo bélico se orienta a incrementar la fuerza naval. Con la llegada de los Borbones a España a principios del Siglo XVIII, se regula la actividad industrial militar y la Corona asume su explotación para lo cual confía la tarea al Cuerpo de Artillería. Con el fin de satisfacer las necesidades del Ejército y mantener la Carrera de Indias se crean las Reales Fábricas, que a finales del XVIII se reordenan y alejan de la frontera francesa tras la revolución de 1789. Los problemas económicos y otras circunstancias obligan a importar armamento para abastecer a las unidades durante las Guerras Carlistas del XIX, mostrando claramente las carencias de una industria en continua decadencia y sin pulso. Este hecho, conocido por militares y gobernantes, ha tratado de corregirse en repetidas ocasiones con resultados muy dispares.
La industria militar trató de reorganizarse por enésima vez durante la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente durante la II República, pero los continuos cambios de gobierno y la Guerra Civil truncaron cualquier iniciativa. Tras la contienda, la fabricación quedó en manos del Estado o con una fuerte intervención de éste. Así, la creación del Instituto Nacional de Industria y de la Empresa Nacional Santa Bárbara protagonizan décadas de centralización y control de unas capacidades poco competitivas y, en algunos casos, ruinosas. En paralelo, comenzaron a nacer algunas industrias de capital privado (Barreiros, Manufacturas Metálicas Madrileñas, Instalaza, Ceselsa, Fecsa, Iturri…) que poco a poco fueron equipando al Ejército de materiales muy dispares, desde lanzagranadas a uniformes, material de campaña y otros aperos.
Con la llegada de la democracia se inicia una reconversión industrial inevitable; en el sector de defensa se comienza a considerar la cuenta de resultados de las empresas públicas, reconociendo que sanearlas precisaba de nuevos productos –innovación– y el acceso al mercado exterior. El déficit del sector público es el detonante de la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara a favor de la multinacional americana General Dynamics. A dicha privatización siguieron los intentos de reconversión de algunas factorías para terminar cerrando unas y vendiendo otras.
Al igual que la Armada cuenta con un proveedor principal, Navantia, de capital público, y el Ejército del Aire dispone de Airbus como suministrador de referencia, el Ejército de Tierra no cuenta con un “campeón nacional” capaz de satisfacer el grueso de sus necesidades. De hecho, las compras del Ejército están atomizadas y se reparten entre la industria nacional y el mercado internacional, donde se trata de adquirir materiales que se han dejado de producir en España, como es el caso de fusiles, pistolas, cohetes, misiles, etc.
Aunque en conjunto la industria militar española es netamente exportadora, no ocurre lo mismo con el material terrestre, pues para resultar competitivo en el mercado exterior hay que mantener un cierto volumen de producción que, en los países de nuestro entorno, se apoya en la demanda interna. Una industria que cuenta con una baja demanda basada en un presupuesto anoréxico, que recibe pedidos de forma discontinua –por programas– y carece de una planificación estratégica por parte de su cliente interno, es incapaz de mantener un cierto ritmo de producción y justificar nuevas inversiones en inmovilizado –un ejemplo es el taller de cañones de Trubia, que no recibe pedidos desde hace más de una década– y está condenada a sobrevivir en la incertidumbre. A esto hay que sumar la cesión de ciertas capacidades a multinacionales cuyos objetivos no tienen necesariamente que coincidir con las necesidades estratégicas del Ejército Español.
El bajo presupuesto dedicado a la defensa, mantenido alrededor del 1 % del Producto Interior Bruto nacional durante décadas, junto con la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la carga salarial que ello implica, ha ido poniendo de manifiesto las carencias del equipamiento militar por mera obsolescencia y la imposibilidad física de atender al mantenimiento de los materiales. El propio JEMAD ha manifestado que se dispone de unidades que no se pueden desplegar por obsolescencia (Comparecencia del jefe de Estado Mayor de la Defensa en la Comisión de Defensa para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Madrid, 28 de octubre de 2021).
Afortunadamente, los empresarios del sector han entendido que el mercado nacional es demasiado pequeño para sostener las grandes capacidades que un sector tan especializado como el militar precisa, y se han visto empujados al mercado exterior. De hecho, algunas fábricas dedican hasta el 95 % de su producción a la exportación.
Para entender la situación actual del sector, son de suma importancia otros dos factores: por una parte, la inversión estatal en I+D+i, que es netamente inferior a la que dedican los países de nuestro entorno. De hecho, España dedica a esta partida en torno al 1,15% de su PIB, mientras nuestros competidores invierten entre un 2,5 y un 4 % de su riqueza anual, lo que lastra nuestra capacidad innovadora relativa; basta echar un vistazo al número de patentes españolas frente a las de otros países, con un saldo desfavorable de 1 a 100 o más si nos comparamos con Suecia, Israel o Corea del Sur.
Por otra parte, nos encontramos con una Ley de Contratos del Sector Público que muestra serias carencias para su aplicación en el sector de la Defensa al no contemplar que la mayor parte de los suministros requieren experiencia, solvencia técnica y capacidades singulares que poco tienen que ver con el precio de los servicios o productos contratados. Así, con la aplicación rigurosa de la Ley, se adquieren materiales en el extranjero por presentar un precio ligeramente inferior, sin tener en cuenta el daño que se produce a la industria nacional (a igualdad de calidad y producto) y las condiciones del suministro. No se considera, por ejemplo, el volumen de impuestos que pagan las empresas nacionales frente a las extranjeras, y que, globalmente, resultarían más beneficiosas para el Estado.
Y aún podemos considerar una tercera circunstancia: la reglamentación en materia de armamento y explosivos supone una barrera de entrada a nuevas empresas e impone condiciones mucho más restrictivas que las de nuestros competidores extranjeros, repercutiendo en una falta de competitividad comparada.
Por otra parte, la concentración de las grandes adquisiciones en un solo órgano de la Administración que no cuenta con suficiente personal cualificado dificulta en gran medida la gestión de las adquisiciones y posterga la planificación y aplicación de una política industrial avanzada y valiente que no contemplar el ciclo de vida de los sistemas como un todo. A pesar de ello, la iniciativa privada y la consultoría pública (Isdefe) va subsanando las carencias del sistema.
La industria española del sector se apoya en dos asociaciones empresariales muy activas y valoradas, AESMIDE y TEDAE. Además, existen algunos esfuerzos puntuales mediante la creación de clústers orientados al desarrollo de algunos programas: tal es el caso de Tess Defense, nacida para la gestión del 8×8 Dragón o de SMS para el desarrollo de misiles.
Dos oportunidades se asoman al horizonte de 2023: el incremento del presupuesto dedicado a Defensa anunciado por el Gobierno tras la cumbre de la OTAN en Madrid y la participación en los grandes proyectos europeos. Lo primero puede empezar a subsanar las insuficiencias manifestadas por los mandos de las Fuerzas Armadas, aunque se tardarán años en ponernos al día en cuanto a materiales modernos; la segunda puede incrementar la competitividad de nuestra industria y la apertura de nuevos y atractivos mercados plurinacionales.
En definitiva, la industria militar española constituye un ecosistema caracterizado por una gran estabilidad laboral, buenas condiciones retributivas y una alta cualificación de su masa laboral. Sin duda, un activo que España debe potenciar y aprovechar. Ojalá que, en un futuro próximo, el Ejército de Tierra pueda contar con los proveedores de referencia que necesita. Tal vez, el modelo industrial israelí puede ser un buen ejemplo.
