domingo, 20 de noviembre de 2022

LA INDUSTRIA DE DEFENSA EN EL EJERCITO DEL AIRE, del II Ciclo AEME/2022.

Arturo Alfonso Meiriño. General de División EAE (R). Academia de las Ciencias y las Artes Militares (ACAMI)



El Ejército del Aire y la industria aeronáutica española: una simbiosis histórica

El sector industrial aeronáutico español ha estado inexorablemente unido a la historia del Ejército del Aire (EA). Una historia, relativamente corta, tanto la del sector como la de nuestra Fuerza Aérea, cuando la comparamos con la larga tradición de los sectores industriales terrestre y naval en nuestro país y la de nuestros centenarios Ejército de Tierra y Armada.

Sin embargo, la evolución que ha sufrido la industria de la aviación a lo largo de ese relativamente corto período de vida, se ha producido, si se me permite el símil, a la misma velocidad que su principal protagonista; es decir, el avión, que, ya hace tiempo, superó la barrera del sonido. La industria que diseña, desarrolla, produce y mantiene a los aviones en España, de acuerdo con el reciente informe realizado por KPMG para la Asociación de Industrias de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, (TEDAE), facturó en 2022, a pesar de los efectos de la pandemia, 8,1 millardos de euros, destinó el 9,4% de su facturación a la I+D+i, aportó a las arcas del Estado 1,5 millardos de euros en ingresos fiscales, creó el 0,7% de empleo nacional con 33.900 puestos directos y 108.500 indirectos, de calidad y contribuyó al 1% del PIB nacional, generado por el efecto de arrastre de sus empresas.

Y en ese proceso vertiginoso, varios son los factores que han contribuido a que la base tecnológica e industrial del sector aeronáutico español haya alcanzado los mas que saludables niveles actuales de competitividad en la esfera internacional, con un 44% de su facturación realizado en el exterior. Competitividad que se ha enmarcado en áreas como la de desarrollo de Aero-estructuras, la propulsión, la aviónica y otros sistemas y equipos producidos por pequeñas y medianas empresas, poseedoras de unos elevados y competitivos niveles tecnológicos. Unos niveles, en definitiva, que nos permiten afirmar que España es uno de los pocos países europeos capaces de hacer volar un avión; desde el diseño hasta el ensamblaje final y la certificación así como su mantenimiento a lo largo del ciclo de vida.

De los “offsets” a la competitividad en los programas aeronáuticos de cooperación

Sin duda, la decisión tomada por el Consejo de Ministros en mayo de 1983, de dar luz verde a la adquisición, a la US Navy, bajo la modalidad FMS (Foreign Military Sales), de 72 aviones EF-18A/B, dentro del Programa FACA (Futuro Avión de Caza y Ataque), es el factor clave que, gracias a una política de compensaciones industriales asociada a dicha adquisición, mucho más concreta y estructurada que la que se había venido desarrollando hasta entonces en las adquisiciones en el extranjero, produjo un impulso sin precedentes en el proceso de desarrollo tecnológico del sector industrial aeronáutico español. Y que también trajo un cambio de paradigma en la forma de operar y gestionar el sostenimiento de las flotas en el EA, este último aspecto a través del SND (Sistema de Necesidades y Distribución) que revolucionó la gestión del abastecimiento y el mantenimiento aéreos e incluso indujo a la reorganización del entonces Mando de Material (MAMAT) del EA, hoy Mando del Apoyo Logístico (MALOG).

Unas compensaciones industriales, u “offsets” (contrapartidas), como se les denominaba entonces, que posteriormente evolucionaron hacia el concepto de “just return” (justo retorno) aplicado en el programa EFA (European Fighter Aircraft), de adquisición de los aviones Eurofighter, al que España se adhirió en junio de 1984, cuando se autorizó por el Consejo de Ministros la participación, con un 13%, en el proyecto y cuya gestión se asignó a la Agencia NETMA, creada a tal efecto, en el marco de la OTAN. Concepto este del “just return” por el que España igualaba su participación industrial a su participación en los costes (y por tanto financiación), y ello tanto para el motor como para la célula y cada uno de sus equipos de abordo y de apoyo contratados en el programa. Es lo que en términos técnicos se denomina workshare=costshare y que permitió a la industria nacional participar en el desarrollo tecnológico del “Typhon”, como se le acabó llamando, con el consiguiente salto tecnológico para el sector aeronáutico español.

El Programa Eurofighter permitió alcanzar unos niveles de competitividad en el sector aeronáutico nacional suficientes y necesarios para enfrentarse a las nuevas reglas del modelo de “global balance”, implantado por la Organización Conjunta para la Cooperación en materia de Armamento (OCCAR), a la que España se adhirió en 2005. Un modelo mediante el cual, la participación industrial a nivel nacional se mide en términos globales, es decir en varios programas gestionados por la organización y a lo largo del tiempo. Modelo que es aplicado, por ejemplo, en el Programa del avión de transporte estratégico A400M o en el programa del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (RPAS) europeo MALE (Medium Altitud and Long Endurance), gestionados por la OCCAR. En ambos programas, se ha podido demostrar, y se continúa demostrando, el alto nivel alcanzado por las empresas españolas relacionadas con la aeronáutica que, en competencia con otras de los países participantes en estos proyectos, han logrado hacerse con determinados contratos, en específicos nichos tecnológicos.

La entrada de España, con pleno derecho, en las organizaciones internacionales relacionadas con la defensa, primero en la OTAN en 1982, y posteriormente en la Unión Europea en 1986, así como la entrada de España en las diferentes organizaciones internacionales relacionadas con aspectos industriales de la defensa. −LoI (Letter of Intent) y su posterior Acuerdo Marco (Framework Agreement), OCCAR (Organisation Conjoint pour la Cooperátion an Matière d’Ármament), EDA (European Defence Agency) o la NSPA (NATO Support and Procurement Agency), o la entrada de AFARMADE, posteriormente relanzada como TEDAE, en la asociación de industrias Aeroespaciales y de Defensa europea (ASD), junto a la apuesta por la cooperación internacional en el campo aeronáutico como forma de satisfacer las necesidades de sistemas de armas para el EA, han constituido otro elemento clave en el proceso de desarrollo tecnológico de las empresas españolas.

Y por supuesto sin olvidar la fórmula de financiación aplicada a los grandes programas de defensa, con la participación del Ministerio de Industria. Modelo que permitió, en su día, posibilitar la participación de las empresas españolas en los grandes programas de defensa en general y en los de carácter aeronáutico en particular, siendo por tanto otro de los factores determinantes en ese proceso evolutivo del nivel tecnológico y de competitividad de la base tecnológica e industrial actual del sector en España.

Los fondos europeos y el nuevo ciclo inversor del MINISDEF: los retos actuales

Con ese bagaje, nos encontramos en las postrimerías del 2022 con una industria aeronáutica de defensa española que, tras un importante periodo de estancamiento en cuanto a programas aeronáuticos lanzados por el Ministerio de Defensa español, con un escaso portfolio en cuanto a programas de cooperación internacional lanzados en los últimos años, y con un importante impacto negativo producido por el parón de la pandemia del COVID-19, tiene por delante tres retos o realidades a los que hacer frente.

Por un lado, nos encontramos con una Unión Europea absolutamente decidida, y esta vez con financiación, a alcanzar tres objetivos bien definidos en su Estrategia Global (EUGS en sus siglas en inglés), y en particular en su Plan de Implantación en las áreas de Seguridad y Defensa. En primer lugar dispuesta a analizar, de forma conjunta, las necesidades de capacidades militares que Europa requiere para hacer frente a las amenazas presentes y futuras de la Unión; en segundo lugar decidida a promover la cooperación en la adquisición de capacidades militares conjuntas y por último, involucrada en el proceso de fortalecimiento de la Base Tecnológica e Industrial Europea (EDTIB en sus siglas en inglés), llevándola a niveles más altos de competencia desde el punto de vista tecnológico y a cotas más elevadas de competitividad en la esfera global. El Plan Europeo de Defensa (EDAP en sus siglas en inglés) y dentro de él, su Fondo Europeo de Defensa (EDF en sus siglas en inglés) han traído, por primera vez en la historia de la Unión Europea, fondos europeos para la defensa. Los 7,9 Millardos de Euro aprobados en la Marco Financiero Plurianual (MFF en sus siglas en inglés) para el período 2021-2027 (2,6 Millardos de Euro para investigación y 5,3 Millardos de Euro para desarrollo de capacidades) suponen un panorama de inversiones sin precedentes para los próximos años, en el que necesariamente tanto el Ministerio de Defensa como la industria aeronáutica española tienen que estar si queremos seguir evolucionando en la competitividad del sector aeronáutico español. Proyectos como el de “Tecnologías para ala rotatoria de próxima generación”(Investigación), o el FMTC (Future Medium size Tactical Cargo) (Desarrollo), ambos dentro del EDF, o el FCAS (Future Combat Air System), son solo unos ejemplos de lo que está en juego para el futuro de la industria aeronáutica española.

Por otro lado, nos encontramos ante un proyecto de presupuestos del Ministerio de Defensa Español para 2023 en el que, además de la continuación de los Programas Especiales de Modernización en curso, se han añadido 13 nuevos programas, 6 de los cuáles son eminentemente aeronáuticos: El helicóptero multipropósito para la Armada, los aviones de patrulla marítima (MPA en sus siglas en inglés) para el EA, los Sistemas Aéreos Pilotados remotamente  (RPAS en sus siglas en inglés) de largo alcance SIRTAP (Sistema Remotamente Tripulado de Altas Prestaciones), el programa de sustitución de los aviones C-15M (EF-18A/B) del EA, los aviones sustitutos del AV-8B Harrier de la Armada y del C.15M (EF-18A/B) 2ª fase del EA y los aviones de vigilancia marítima (VIGMA) para el EA. Seis programas con un coste total de 13,1 Millardos de Euro a lo largo de sus diferentes periodos de ejecución, lo que representa un 76% del total de los costes de los 13 nuevos programas.

Todo ello sin olvidar la denominación actual del Ejército del Aire que también lo es del Espacio (EAE). Y por tanto la necesidad de extrapolar los aspectos antes indicados a un nuevo sector, el del Espacio, en el que los asuntos de defensa han ido ganando protagonismo y que, aunque representando por el momento solo una pequeña aportación al PIB nacional (0,1%), ha sabido especializarse en el desarrollo de lanzadores, satélites, segmento terreno, operadores de satélite y aplicaciones entre otros, con un volumen creciente de facturación y dentro de ella, un más que relevante 80% de facturación asociada a la exportación. Un sector que también tiene detrás a la Unión Europea al incluirlo entre sus prioridades de inversión en el marco del MFF. La puesta en marcha, en los próximos meses, de la Agencia Espacial Española, será sin duda un importante apoyo al desarrollo de este sector en España.

Teniendo en cuenta el escenario presupuestario previsto para el  Ministerio de Defensa en 2023 (asumiendo que las inversiones reales del Programa 122.B del proyecto de presupuestos no sufrirán modificaciones o recortes posteriores a la vista de las revisiones a la baja que las previsiones del PIB español están teniendo) y asumiendo también que España se involucrará en los proyectos, tanto de investigación como de desarrollo, de la Unión Europea dentro del programa EDF, será necesario desarrollar nuevas fórmulas innovadores y más ágiles de contratación y de gestión así como disponer de un capital humano apropiado en cantidad y calidad no solo en el ámbito industrial sino también en el de la Dirección General de Armamento y Material (DGAM), responsable de la gestión de adquisiciones de los sistemas de armas demandados por los Ejércitos y la Armada y priorizados por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD)  en su Objetivo de Capacidades Militares  (OCM).

martes, 15 de noviembre de 2022

La Fragata Méndez Núñez (F-104) ha visitado Málaga este fin de semana.


La Fragata Méndez Núñez (F-104) ha visitado Málaga este fin de semana.
Atracada en el muelle de Levante, la espectacular y colosal nave es un barco de combate de casi 150 metros de eslora, en el que viajan 205 tripulantes, y una de las unidades más modernas de la Armada.
En la visita que realizamos un grupo de invitados, contamos con la pormenorizada, amena y documentada información que nos facilitó el Comandante de la Fragata, D. David Antonio Díaz-Caneja quien recibió en cubierta a la máxima autoridad de la Armada en Málaga, el capitán de Navío y Comandante Naval, D. Pablo Murga y a su segundo, D.Jorge Asensio.
El responsable del buque, a medida que recorríamos sus dependencias, fue realizando una detallada y al tiempo cercana exposición sobre sus extraordinarias capacidades. Entre otras, las relacionadas con los sistemas de defensa gracias a su radar Spy, integrado en el sistema de armas Aegis.
Entre otros acontecimientos que jalonan con éxito su brillante trayectoria, la “Mendez Nuñez” fue, en 2007, el primer buque de la Armada en detectar y seguir un misil balístico en unos ejercicios en aguas de Hawai.
Es de destacar su participación en la Operación Active Endeavor de la OTAN en el Mediterráneo Oriental (evitando el movimiento de terroristas) así como en las Operaciones Atalanta de la Unión Europea para luchar contra la piratería en el Océano Índico occidental.
Estas jornadas de puertas abiertas permiten a la población civil conocer el importante papel que juega la Armada Española en la defensa y salvaguarda de la Paz en ámbitos internacionales, fuera de nuestras fronteras, compromiso ineludible hoy en un mundo globalizado.
La visita finalizó con una copa de vino español en la que, como es habitual, el Comandante Naval de Malaga, D. Pablo Ramón Murga Gómez, realizó un brindis por el Rey a quien definió como “Nuestro Primer Soldado”


 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

lunes, 14 de noviembre de 2022

Antonio del Pino: «Son muchas las personas que han descubierto su vocación musical gracias a D. Manuel Gámez».




El segundo organista de la Catedral, Antonio del Pino, se acerca al podcast diocesano VICTORIA, GLORIA A TI, para hacer un homenaje a D. Manuel Gámez, «toda una institución musical en la diócesis de Málaga». Aquí pueden escuchar el podcast de la mano de los periodistas Antonio Márquez y Encarni Llamas.

¿Qué está pasando ahí fuera? con nuestro planeta y sus habitantes, por Carlos de Palma.





miércoles, 9 de noviembre de 2022

«Palio de Plata comienza el curso cubriendo los actos de la Patrona de Málaga»




VICTORIA, GLORIA A TI

José Miguel Ramírez y Pedro Duarte son miembros de Palio de Plata, un portal sobre información cofrade que cubre todos los actos que se celebran en honor a la Patrona de la Diócesis de Málaga, la Virgen de la Victoria, y lo contaron en el podcast VICTORIA, GLORIA A TI, guiado por Antonio Márquez y Encarni Llamas. Aquí puedes escucharlo.


domingo, 6 de noviembre de 2022

La industria de defensa en el ET. II Ciclo AEME de 2022.


Manfredo Monforte Moreno. General de División (Ret.). Dr. Ingeniero de Armamento. Artillero. Academia de Artes y Ciencias Militares



“Robles (ministra de Defensa) alerta de que la industria militar europea está ganando la batalla a la española”, a lo que añade: “tenemos mucha capacidad, iniciativa de hacer cosas, pero mucha competencia internacional… la industria española es muy pequeña y eso hace que en ocasiones sea menos competitiva” (Europapress, 21 de octubre de 2022). Un diagnóstico válido para los últimos cinco siglos de la pendular historia industrial militar nacional.

La industria militar española equipa a los ejércitos desde que Alonso de Quintanilla gestionase el reclutamiento y aprovisionamiento de las Hermandades de Castilla para la conquista de Granada. A partir de ese momento (1492), los Reyes Católicos mantienen un ejército permanente, razón última por la que aparece una industria artesanal, privada y gremial que le proporciona armas y equipos.

Dos siglos antes, la pólvora negra había llegado a Europa para revolucionar el arte de la guerra. Único propulsor y explosivo durante casi seis siglos, alrededor de ella, y sin abandonar la fabricación de armas blancas y otros ingenios, aparece la necesidad de fabricar ingenios capaces de lanzar proyectiles a partir de la energía química de la pólvora, lo que da lugar a la aparición de numerosas instalaciones privadas de armamento ligero y pesado, sus municiones y su pólvora.  

Durante el Siglo XVI y a medida que se estanca el combate terrestre, el esfuerzo bélico se orienta a incrementar la fuerza naval. Con la llegada de los Borbones a España a principios del Siglo XVIII, se regula la actividad industrial militar y la Corona asume su explotación para lo cual confía la tarea al Cuerpo de Artillería. Con el fin de satisfacer las necesidades del Ejército y mantener la Carrera de Indias se crean las Reales Fábricas, que a finales del XVIII se reordenan y alejan de la frontera francesa tras la revolución de 1789. Los problemas económicos y otras circunstancias obligan a importar armamento para abastecer a las unidades durante las Guerras Carlistas del XIX, mostrando claramente las carencias de una industria en continua decadencia y sin pulso. Este hecho, conocido por militares y gobernantes, ha tratado de corregirse en repetidas ocasiones con resultados muy dispares.  

La industria militar trató de reorganizarse por enésima vez durante la dictadura de Primo de Rivera y posteriormente durante la II República, pero los continuos cambios de gobierno y la Guerra Civil truncaron cualquier iniciativa. Tras la contienda, la fabricación quedó en manos del Estado o con una fuerte intervención de éste. Así, la creación del Instituto Nacional de Industria y de la Empresa Nacional Santa Bárbara protagonizan décadas de centralización y control de unas capacidades poco competitivas y, en algunos casos, ruinosas. En paralelo, comenzaron a nacer algunas industrias de capital privado (Barreiros, Manufacturas Metálicas Madrileñas, Instalaza, Ceselsa, Fecsa, Iturri…) que poco a poco fueron equipando al Ejército de materiales muy dispares, desde lanzagranadas a uniformes, material de campaña y otros aperos.

Con la llegada de la democracia se inicia una reconversión industrial inevitable; en el sector de defensa se comienza a considerar la cuenta de resultados de las empresas públicas, reconociendo que sanearlas precisaba de nuevos productos –innovación– y el acceso al mercado exterior.  El déficit del sector público es el detonante de la privatización de la Empresa Nacional Santa Bárbara a favor de la multinacional americana General Dynamics. A dicha privatización siguieron los intentos de reconversión de algunas factorías para terminar cerrando unas y vendiendo otras.

Al igual que la Armada cuenta con un proveedor principal, Navantia, de capital público, y el Ejército del Aire dispone de Airbus como suministrador de referencia, el Ejército de Tierra no cuenta con un “campeón nacional” capaz de satisfacer el grueso de sus necesidades. De hecho, las compras del Ejército están atomizadas y se reparten entre la industria nacional y el mercado internacional, donde se trata de adquirir materiales que se han dejado de producir en España, como es el caso de fusiles, pistolas, cohetes, misiles, etc.

Aunque en conjunto la industria militar española es netamente exportadora, no ocurre lo mismo con el material terrestre, pues para resultar competitivo en el mercado exterior hay que mantener un cierto volumen de producción que, en los países de nuestro entorno, se apoya en la demanda interna. Una industria que cuenta con una baja demanda basada en un presupuesto anoréxico, que recibe pedidos de forma discontinua –por programas– y carece de una planificación estratégica por parte de su cliente interno, es incapaz de mantener un cierto ritmo de producción y justificar nuevas inversiones en inmovilizado –un ejemplo es el taller de cañones de Trubia, que no recibe pedidos desde hace más de una década– y está condenada a sobrevivir en la incertidumbre. A esto hay que sumar la cesión de ciertas capacidades a multinacionales cuyos objetivos no tienen necesariamente que coincidir con las necesidades estratégicas del Ejército Español.

El bajo presupuesto dedicado a la defensa, mantenido alrededor del 1 % del Producto Interior Bruto nacional durante décadas, junto con la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la carga salarial que ello implica, ha ido poniendo de manifiesto las carencias del equipamiento militar por mera obsolescencia y la imposibilidad física de atender al mantenimiento de los materiales. El propio JEMAD ha manifestado que se dispone de unidades que no se pueden desplegar por obsolescencia (Comparecencia del jefe de Estado Mayor de la Defensa en la Comisión de Defensa para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. Madrid, 28 de octubre de 2021).

Afortunadamente, los empresarios del sector han entendido que el mercado nacional es demasiado pequeño para sostener las grandes capacidades que un sector tan especializado como el militar precisa, y se han visto empujados al mercado exterior. De hecho, algunas fábricas dedican hasta el 95 % de su producción a la exportación.

Para entender la situación actual del sector, son de suma importancia otros dos factores: por una parte, la inversión estatal en I+D+i, que es netamente inferior a la que dedican los países de nuestro entorno. De hecho, España dedica a esta partida en torno al 1,15% de su PIB, mientras nuestros competidores invierten entre un 2,5 y un 4 % de su riqueza anual, lo que lastra nuestra capacidad innovadora relativa; basta echar un vistazo al número de patentes españolas frente a las de otros países, con un saldo desfavorable de 1 a 100 o más si nos comparamos con Suecia, Israel o Corea del Sur.

Por otra parte, nos encontramos con una Ley de Contratos del Sector Público que muestra serias carencias para su aplicación en el sector de la Defensa al no contemplar que la mayor parte de los suministros requieren experiencia, solvencia técnica y capacidades singulares que poco tienen que ver con el precio de los servicios o productos contratados. Así, con la aplicación rigurosa de la Ley, se adquieren materiales en el extranjero por presentar un precio ligeramente inferior, sin tener en cuenta el daño que se produce a la industria nacional (a igualdad de calidad y producto) y las condiciones del suministro. No se considera, por ejemplo, el volumen de impuestos que pagan las empresas nacionales frente a las extranjeras, y que, globalmente, resultarían más beneficiosas para el Estado.

Y aún podemos considerar una tercera circunstancia: la reglamentación en materia de armamento y explosivos supone una barrera de entrada a nuevas empresas e impone condiciones mucho más restrictivas que las de nuestros competidores extranjeros, repercutiendo en una falta de competitividad comparada.

Por otra parte, la concentración de las grandes adquisiciones en un solo órgano de la Administración que no cuenta con suficiente personal cualificado dificulta en gran medida la gestión de las adquisiciones y posterga la planificación y aplicación de una política industrial avanzada y valiente que no contemplar el ciclo de vida de los sistemas como un todo. A pesar de ello, la iniciativa privada y la consultoría pública (Isdefe) va subsanando las carencias del sistema.

La industria española del sector se apoya en dos asociaciones empresariales muy activas y valoradas, AESMIDE y TEDAE. Además, existen algunos esfuerzos puntuales mediante la creación de clústers orientados al desarrollo de algunos programas: tal es el caso de Tess Defense, nacida para la gestión del 8×8 Dragón o de SMS para el desarrollo de misiles.

Dos oportunidades se asoman al horizonte de 2023: el incremento del presupuesto dedicado a Defensa anunciado por el Gobierno tras la cumbre de la OTAN en Madrid y la participación en los grandes proyectos europeos. Lo primero puede empezar a subsanar las insuficiencias manifestadas por los mandos de las Fuerzas Armadas, aunque se tardarán años en ponernos al día en cuanto a materiales modernos; la segunda puede incrementar la competitividad de nuestra industria y la apertura de nuevos y atractivos mercados plurinacionales.

En definitiva, la industria militar española constituye un ecosistema caracterizado por una gran estabilidad laboral, buenas condiciones retributivas y una alta cualificación de su masa laboral. Sin duda, un activo que España debe potenciar y aprovechar. Ojalá que, en un futuro próximo, el Ejército de Tierra pueda contar con los proveedores de referencia que necesita. Tal vez, el modelo industrial israelí puede ser un buen ejemplo.

viernes, 4 de noviembre de 2022

Sánchez se venga de la Guardia Civil en sus jubilados: recorta el presupuesto de geriátricos y dependencia



Pedro Sánchez acaba de asestar uno de los golpes más duros a la Guardia Civil en los Presupuestos Generales del Estado para 2023.


La venganza del Gobierno contra el insituto armado —al que no ha dejado de restarle presencia y operatividad en toda España, además de forzar un relevo de su cúpula— va dirigida contra los jubilados más vulnerables del cuerpo: los que necesitan de asistencia en geriátricos y de ayudas por dependencia: los fondos para esta partida no sólo no se adaptan al IPREM, sino que se sitúan ya un 39,64% por debajo de la dotación presupuestada —y ya escasa— para la Policía Nacional. Y la Guardia Civil tiene más efectivos que la Policía.

La asociación mayoritaria de Guardia Civil, JUCIL, no ha tardado en trasladar su enorme malestar al Gobierno de Pedro Sánchez "por el Presupuesto de Acción Social 2023 que es un 39,64% inferior al de Policía Nacional", como señalan fuentes de esta organización.
"Este año la ayuda número 2 (Geriátricas y Mayores dependientes) incluye a todo el personal retirado y no aplica el IPREM" señalan desde JUCIL. Todo un castigo que hace inviable una atención adecuada a los mayores más vulnerables de la Guardia Civil.

Racanería del Gobierno

Y es que la sensación de los representantes de la Guardia Civil tras las negociaciones con el Gobierno es muy mala. Las conversaciones se mantuvieron el pasado 20 de octubre, en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, el grupo de trabajo sobre el PLAN DE ACCION SOCIAL PARA EL AÑO 2023 supervisó todo. La racanería del Gobierno ni siquiera fue disimulada: admitieron abiertamente ante los enviados de JUCIL que la partida no era suficiente. Y eso no cambió en nada la decisión presupuestaria. "Por parte de la administración se nos comunicó que el presupuesto para el próximo año 2023 asciende a 8.003.780€, reconociendo la Administración que es insuficiente, pero que actualmente es el dinero que ha sido asignado", señalan las fuentes de JUCIL. "También nos comunicaron que en el siguiente borrador que sea remitido se actualizarán los tramos de referencia, una vez añadido el 1,5% de la última subida retributiva". Pero nada más.

Desde JUCIL trasladaron de inmediato al Gobierno la "disconformidad al amparo de lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado para la Función Pública de 28 de julio de 2011, el cual alude expresamente al principio de igualdad, incluyendo esa equidad entre los diferentes planes sectoriales". Efectivamente, la legislación señala expresamente que "los gastos de acción social y la productividad se determinaran en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos", añaden. Por eso los representantes de la Guardia Civil dejaron "constancia de que la diferencia actual en relación al Plan de Acción social del Cuerpo Nacional de Policía es de 3.172.950€, lo cual representa una diferencia del 39,64 %", apuntan desde JUCIL. Y que, por lo tanto, no se están respetando las pautas legales.

Geriátricos y dependencia

Pero la observación no sirvió para conseguir que los enviados de Pedro Sánchez alteraran la cifra destinados a geriátricos y asistencia por dependencia de la Guardia Civil. En ese momento, la asociación de la Guardia Civil, realizó otra petición: "En relación a la ayuda de 29.040 incluida en este borrador y destinada íntegramente al gimnasio existente en la Dirección General se pide que se suprima y se destine ese dinero a otras ayudas contenidas en el mismo, y máxime cuando desde la misma Dirección General y en base al futuro Plan Integral de Promoción del Deporte en la Guardia Civil se está estudiando la posibilidad de dotar de material deportivo a aquellas unidades que lo soliciten por tener espacio para ello, estando dicha asignación sujeta a dotación presupuestaria para el citado plan". Pero la respuesta del Gobierno no cambió. También fue negativa: "Comunica la Administración que el gimnasio de la Dirección General está sometido a un convenio que actualmente está en vigor y que de momento no se puede suprimir". Gimnasio en la Dirección General, sí. Más ayuda para geriátricos y dependencia, no.




Fran Ruiz Guillot: «La Virgen de la Victoria está presente en cada clase de los Colegios Diocesanos».



VICTORIA, GLORIA A TI

Francisco Ruiz Guillot, delegado de Infancia y Juventud de la diócesis de Málaga y coordinador de los capellanes de los Colegios Diocesanos de la Fundación Diocesana de Enseñanza explica la relación de los Colegios Diocesanos de la Fundación Diocesana de Enseñanza con la Virgen de la Victoria, a la que tienen como titular. Aquí pueden escuchar el podcast guiado por los periodistas Antonio Márquez y Encarni Llamas.


sábado, 29 de octubre de 2022

Guerra compleja, armamento inteligente, superioridad en el combate y capacidades tecnológicas. AEME II/ciclo 2022.





CURRICULUM:

Especialista en economía y tecnología de la defensa, ha participado y dirigido diferentes proyectos de investigación relacionados con la materia, entre los que cabe destacar “La Defensa y la Seguridad Nacional como factor de desarrollo económico-tecnológico: el caso español y la PESD” concedido por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Es profesor de asignaturas específicas en Másteres Universitarios (“El sector empresarial de defensa y seguridad como alternativa eficiente al Sector Público”; “Innovación y tecnología en los procesos de mercado”; “Presupuestos y gastos públicos”).

En su campo de especialización, ha dirigido varias tesis doctorales dedicadas a las relaciones existentes entre economía, tecnología y defensa: “Administración pública de los recursos humanos de defensa en Uruguay”, con mención de doctorado europeo; “Análisis de la eficiencia del gasto en Defensa: el presupuesto de Defensa en España 1946-2008”; “La sostenibilidad de la industria aeroespacial en Europa: Aplicación específica a los casos francés y español”; “La eficiencia dinámica de las agencias privadas de suministros de servicios en los mercados de defensa y seguridad desde la perspectiva de la escuela austriaca”.

Sus estudios han dado lugar a la realización de publicaciones nacionales e internacionales, la organización de cursos y seminarios, y la participación en congresos, ciclos de conferencias, debates y jornadas

PONENCIA:

La guerra de Ucrania está sirviendo como escaparate para mostrar un conjunto de realidades contrastables en cuanto a cómo y de qué manera se gestan y evolucionan las circunstancias y condicionantes que coadyuvan a los grandes conflictos geopolíticos y militares. Por primera vez, tras el final de la Guerra Fría, los principales bloques geopolíticos y geoeconómicos en competencia por la hegemonía de la gobernanza mundial se han visto arrastrados a un escenario diplomático y militar que presenta, por un lado, la posibilidad concreta de llegar a generar escenarios de destrucción mutua y, por el otro, un complejo contexto de necesidades sociales y económicas que atender tras los terribles efectos de la pandemia del COVID‑19.

El conflicto ucraniano ha dejado en evidencia la existencia de un problemático conjunto de escenarios y dinámicas que afectan a diferentes fenómenos y procesos geopolíticos, sociales, económicos, tecnológicos, militares, energéticos y logísticos. Este complejo ecosistema interdependiente, estratégicamente catalizado por la guerra, ha obligado más que nunca desde la caída del muro de Berlín a los gobiernos occidentales y a sus estructuras militares, a tener que alinear sus capacidades geoestratégicas y de defensa a corto plazo junto al resto de necesidades económicas y productivas. En particular, a las derivadas de la garantía del suministro de otros bienes y servicios públicos, percibidos como absolutamente necesarios en nuestras sociedades desarrollas modernas y, todo ello, con unos niveles de exigencia en las actuaciones de gobernanza como no se había experimentado a nivel mundial desde hacía décadas.   

En tales circunstancias, tanto en España como en el resto de los países que conforman la Unión Europea, junto a los miembros la Alianza Atlántica, se han tomado una serie de decisiones estratégicas, en particular en la última cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, acompañadas de un conjunto de medidas que implicaban asignar unos niveles de recursos presupuestarios en materia de Defensa Nacional por encima de los habitualmente destinados al sector. Así pues, en el caso de las inversiones dedicadas a innovación y tecnología de la defensa, hay dos partidas presupuestarias de aplicación que se han visto particularmente beneficiadas. Nos referimos al Programa 122.B Programas especiales de modernización, incluido en Área de Gasto 1 de Servicios Públicos Básicos; y al programa 464.A. de Investigación y estudio de las fuerzas armadas, encuadrado en el grupo de programas 4.6 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN del Área de gasto 4 – Actuaciones de carácter económico.

Por lo que se refiere a los Programas Especiales de Modernización, éstos son el resultado de la cooperación entre los Ministerios de Defensa y de Industria, Comercio y Turismo. Tienen como objetivos el dotar de los mejores sistemas de armamento y tecnologías para el combate a nuestras Fuerzas Armadas en el campo de batalla, así como explotar las sinergias derivadas de sus desarrollos tecnológicos para la potenciación e impulso al crecimiento del tejido económico y productivo nacional en su conjunto. A tal fin, la partida presupuestaria asignada este año en los Presupuestos Generales del Estado alcanza la cifra de 4.901,71 millones de euros frente a la prevista el año anterior, que fue de 2.848 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 72,11 %. Es innegable que este aumento representa una subida sustancial con relación a las asignaciones de ciclos presupuestarios anteriores.

En cuanto al programa 464.A. de Investigación y estudio de las fuerzas armadas, y en particular la partida de inversiones correspondiente a su Objetivo 2: Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), asciende este año a la cifra de 196,02 millones de euros. Esta partida incluye todas aquellas acciones e inversiones dirigidas a la investigación para su aplicación en el diseño y desarrollo de nuevos prototipos de sistemas de armamento. En su confección se presta una especial atención a aquellos proyectos e iniciativas que, por su carácter dual, favorecen las sinergias y externalidades positivas en los sectores civiles de alta y media tecnología de nuestra industria nacional. Además, el conjunto de actuaciones que abarcan sus proyectos está enmarcado en la Estrategia de Tecnología e Innovación para la Defensa 2020 (ETID). Para entender la importancia y el verdadero alcance de invertir en este programa, también hay que indicar que la actividad del INTA abarca más de 350 proyectos relacionados con la I+D, que están a su vez asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y a las políticas de la Unión Europea destinadas a la reducción de la contaminación del medioambiente, así como a impulsar la cooperación y coordinación con universidades y empresas.

 Ahora bien, la pregunta que deberíamos plantearnos es, si un aumento tan significativo de las inversiones en estos programas, algunos de cuyos objetivos son los de aumentar la capacidad operativa, la resiliencia y la efectividad de nuestra Defensa Nacional, recordemos que estamos hablando de una cifra que supera los 5.000 millones de euros, está realmente o no justificada.  La respuesta es sin duda alguna que sí. La realidad de los hechos lo avala, tanto por lo que se refiere a las necesidades reales de seguridad, el escaparate de la guerra de Ucrania es su mejor demostración práctica, junto a la necesidad de potenciar nuestro tejido tecnológico e innovador en cuanto principal fuente de impulso a la productividad, lo que representa uno de los factores determinantes del crecimiento económico, condición sine qua non para sostener y mejorar el estado del bienestar de nuestras sociedades.

Sin embargo, no debemos olvidar que uno de los principales argumentos de controversia en lo referente a invertir en políticas de Defensa y Seguridad Nacional frente a otras políticas sociales, ha sido históricamente el derivado de la componente ideológica que determina el proceso de la toma de decisiones en materia de gasto público. El principal problema reside en ofrecer respuestas por parte de los gobiernos lo más satisfactorias posibles a las demandas del conjunto de la sociedad, sobre si es mejor gastar en cañones o en mantequilla y en qué proporción hacerlo. Para ello debemos tener en cuenta lo que la ciudadanía entiende y percibe como necesidades más o menos inmediatas y apremiantes.

Este nivel de percepción y su intensidad van de la mano de otro importante concepto económico, el de coste de oportunidad. Este representa el verdadero coste de nuestras decisiones en cada proceso de elección al que nos vemos continuamente sometidos, ya sea a nivel individual o colectivo. Representa ni más ni menos que la idea, de a qué estamos dispuestos a renunciar en términos de otras posibles elecciones, para conseguir satisfacer nuestros deseos y necesidades en un momento determinado. Resulta evidente que el sentido de inmediatez que rige el deseo y la necesidad de cubrir las carencias percibidas por los ciudadanos juega un papel instrumental fundamental a la hora de preferir gastar en servicios públicos básicos como la Defensa o la Política Exterior, frente a otras políticas como puedan ser los servicios y la promoción social, las ayudas al desempleo, el acceso a la vivienda o la producción de bienes públicos de carácter preferente como sanidad, educación y cultura.

Sin embargo, la disyuntiva de tener que elegir entre posibles alternativas de gasto e inversión, no es tan sencilla a la hora de tomar decisiones como podría parecer. Independientemente del condicionante ideológico y del contexto político que pueda enmascarar la verdadera importancia y necesidad de gastar en un tipo de políticas frente a otras, existe una realidad que exige distinguir claramente lo que son necesidades estructurales, para mantener y defender nuestro modelo democrático de convivencia en forma pacífica, de otras que, por tener un carácter más coyuntural, no dejan también de ser importantes a los ojos de los ciudadanos. En este sentido la Defensa representa un factor sistémico sobre el que se sustenta nuestro modelo constitucional y de libertades.

Por lo tanto, se puede asegurar que el gasto en Defensa y Seguridad Nacional es importante por su propia naturaleza sistémica y dentro del mismo, las inversiones en tecnologías de defensa también lo son y por partida doble ya que revisten un interés particular al aportar una doble componente positiva con relación a otros tipos de gasto de inversión. En primer lugar, la ventaja tecnológica que es uno de los factores determinantes para conseguir la superioridad en el combate. Esta es una realidad históricamente contrastada y que, por si cabía alguna duda, se ha vuelto a confirmar en la guerra de Ucrania. En segundo lugar, el gasto en inversión en defensa contribuye al impulso de un tejido productivo y empresarial cada vez más potente y avanzado. La dualidad que presentan la mayor parte de las tecnologías de carácter militar las convierte, desde el punto de vista de la mejora de la productividad y del crecimiento económico, en una parte estructural sobre la que se sustenta el modelo productivo capaz de garantizar la resiliencia y el bienestar social y económico.

Es por todo ello, que finalmente podemos concluir que la Defensa Nacional vale porque sirve y la tecnología de defensa sirve porque vale. Demos, por lo tanto, la bienvenida al aumento del gasto real en inversión en unos programas tecnológicos e innovadores tan necesarios e indispensables para mejorar nuestras capacidades militares, y a la vez coadyuvantes del desarrollo y potenciación de nuestro tejido económico, productivo y empresarial nacional.  

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