CONSIDERACIONES AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA
QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN
Por el Presidente de la Real Hermandad de Veteranos
de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil de la Delegación de la Provincia
de Málaga, coronel E.T. (Ret.) Rafael Vidal Delgado.
No soy experto en materia
educativa, dado que mis experiencias con la enseñanza se refieren a profesorado
en centros castrenses e impartición durante veinte años en distintas
universidades como profesor colaborador, pero disponga de la experiencia, como
la tenemos todo el colectivo que me honro presidir en esta provincia, que es la
de haber sido padre y abuelo, llevando a mis hijos al centro de enseñanza que
consideraba que complementaba la educación que quería darles a ellos como hijos
míos.
Esa experiencia la
tenemos todos los que pertenecemos a la Real Hermandad y a otras asociaciones
afines, aunque podríamos generalizar que es la de todos los españoles que hemos
sido padres.
Hay que remarcar que el
proyecto de Ley Orgánica aprobado el pasado día 19 de noviembre, por 177 votos
a favor, uno más de la mayoría exigible para una ley de estas características,
es eso, un “proyecto de ley”, que tiene que ser ratificado por el Senado, que
seguramente lo hará, aunque con algunas enmiendas y luego volverá al Congreso
de los Diputados, para su aprobación definitiva. Es decir, este proceso tardará
unos meses y además la Ley Orgánica, entraría en vigor para el curso 2021-2022,
sin que podamos augurar que este gobierno frankestein pueda durar hasta dichas
fechas, dadas las tensiones que existen en su seno, el hecho de la pandemia del
COVID-19, las vacunas, la crisis económica, etc., pudiera ocurrir que ni
siquiera se llegara a poner en marcha.
Dicho esto, iremos a las
partes más importantes del texto, el cual se puede consultar en el pdf adjunto.
Lo primero que habría que
decir que es una ley que en apariencia no prohíbe casa nada, lo único es que
pone cortapisas a todo lo que sea privado y religioso (cristiano, por
supuestos, el Islam es otra cosa), dado énfasis a lo público y a la integración
de todos los niños, sea cual sea su problemática física o psíquica, en la
escuela con los demás alumnos. El ejemplo del video que se adjunta a la
presente consideración es una muestra de ello.
El trámite parlamentario
ha sido desastroso, tratando a la ley, como si fuera de urgencia, por lo que no
han tenido en cuenta a los “grupos de interés”, es decir a las asociaciones de
padres, de alumnos, de profesores, de colegios, etc. Es como si se tramitara
una ley en el ministerio de Defensa, que afecte plenamente al personal y no se
escuchara a las juntas de personal de los ejércitos y guardia civil, así como a
otras asociaciones que tuvieran algo que decir.
El problema real de la
educación lo conocen los padres y profesores y no los políticos que, para más
incongruencia, los propios hijos de la ministra Celaá se educaron en colegios
concertados y católicos.
Se aduce que los colegios
concertados son elitistas, a los que solo acuden los que tienen medios
económicos. Falacia tal que no resiste el menor envite, dado que el padre que
quiere llevar a su hijo a un centro concertado religioso y no puede abonar
nada, por no disponer de fondos, no paga ni el AMPA (que también hay en los públicos),
ni otros devengos complementarios, incluso alumnos que sus padres no tienen
medios, comen gratis en el colegio.
En el proyecto de la LOMLOE elimina el concepto de “demanda social”
para que permanezcan los colegios concertados, otra falacia, porque hoy en día,
hay padres que se mudan de casa, precisamente para tener más puntos para que
sus hijos puedan acudir al colegio concertado que cubren sus expectativas
educativas.
La Ley Celaá, tal como
hemos expresado, no prohíbe nada, pero es el inicio para paulatinamente ir
recortando las libertades públicas en el área de la educación y de hecho ha
sido tachada por muchos como anticonstitucional, porque atenta gravemente
contra el artículo 27 de la vigente Constitución Española, en donde en ningún
momento se habla de “educación pública”, sino simplemente del derecho a la
educación, garantizando a los padres para que sus hijos reciban la formación
religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones, lo cual
incumple el proyecto de ley. Además, en su apartado 5, garantiza que, en la
programación general de la enseñanza, es decir en la elaboración de las leyes
sobre educación, tengan participación efectiva todos los sectores afectados, es
decir, padres, centros docentes, profesores, etc.
La ley atribuye al
Estado la educación de los niños y jóvenes, sin tener en cuenta a los actores
verdaderamente interesados. Por eso es un proyecto de ley sectaria, más de
países totalitarios que, de una verdadera democracia, como hasta ahora era la
española.
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